A partir del año 2011, en el Municipio de Tamuín ubicado en el estado de San Luis Potosí, empezaron a desaparecer niñas y mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados con signos de violencia sexual en ejidos cerca de sus domicilios.

Rosa María Sánchez González de dieciséis años de edad desapareció el 29 de octubre de 2010, Adriana Martínez Campuzano con 13 años de edad desapareció el 24 de mayo de 2011, Itzel Romany Castillo Torres con 11 años de edad despareció el 24 de enero de 2013, Dulce Ximena Reyes Rodríguez con 9 años de edad desapareció el 11 de abril de 2014 y Eliehoenai Chávez Rivera con 32 años de edad desapareció el 6 de mayo de 2014. Todas víctimas de agresiones sexuales y feminicidio.

En el caso particular de Eliehoenai Chávez, meses anteriores a su desaparición, un sujeto de nombre Filiberto Hernández Martínez —que era ex militar y se dedicaba a impartir clases de zumba, karate y catecismo en el pueblo—  la secuestró y violentó sexualmente, sin embargo, ella pudo escapar del domicilio donde la tenía privada de su libertad. De este suceso le platicó a su padre, el cual le aconsejó que fuesen a denunciar, pero por temor, la víctima no presentó denuncia ante las autoridades correspondientes. 

Derivado del caso de Elieohenai, la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, inició las investigaciones correspondientes y solicitó al Juez la detención del ex militar, quien una vez que fue detenido, confesó haber asesinado a todas las menores de edad y a la joven desaparecida el 6 de mayo de 2014.

En el año 2015 una Sala Penal compuesta por tres magistrados del poder judicial del estado, decretó la libertad del ex militar solo por el caso de Adriana Martínez Campuzano dado las omisiones en que incurrieron las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí. 

Ante el riesgo de que el imputado pudiese ser liberado por el Poder Judicial del Estado, desde el año 2015, el Grupo de Acción asumió la representación legal de todas y cada una de las víctimas a efecto de participar activamente en la investigación y lograr que las familias de las víctimas puedan obtener justicia, verdad y reparación del daño por el asesinato de sus hijas. 

En el año de 2016, el Grupo de Acción solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, que en el año 2017 emitió un“Informe Especial sobre la Situación del Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el caso de feminicidios en el Estado de San Luis Potosí”, donde se propuso al Procurador General de Justicia del Estado llevar a cabo una serie de políticas públicas a efecto de disminuir la violencia de género cometida en contra de mujeres y niñas en el estado. 

Actualmente, el Grupo de Acción sigue emprendiendo acciones legales para lograr que se emita una sentencia condenatoria en contra del ex militar y se dé cumplimiento al Informe Especial señalado.

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Asesino serial de niñas asesinadas en Tamuín, San Luís Potosí.