Roque Coca Gómez

El 7 de junio del 2015, Roque Coca Gómez y 64 personas más fueron detenidos por elementos de la policía del Gobierno del Estado de Oaxaca en el contexto de las elecciones de junio de 2015, tras haber participado en un mitin de protesta pacífica. Todas las personas fueron detenidas arbitrariamente y con uso excesivo de la fuerza pública.

Roque Coca Gómez, originario del estado de Oaxaca, es un indígena mixteco con una larga trayectoria en el activismo político y en la participación en diversos movimientos sociales

El 7 de junio del 2015, Roque Coca Gómez y 64 personas más fueron detenidos por elementos de la policía del Gobierno del Estado de Oaxaca en el contexto de las elecciones de junio de 2015, tras haber participado en un mitin de protesta pacífica. Todas las personas fueron detenidas arbitrariamente y con uso excesivo de la fuerza pública.

Tras su detención, el señor Roque Coca Gómez fue retenido injustificadamente a manos de sus captores, donde permaneció incomunicado y fue objeto de golpes y de tratos crueles, degradantes e inhumanos. La Procuraduría General de la República acusó a Roque y a otras 24 personas ante el Juez Tercero de Distrito de Oaxaca por los delitos de “terrorismo y de portación de arma (en el caso de bombas) de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional” sin prueba alguna que sustentara la acusación. 

Una vez que el Juez inició el proceso penal, decidió suspender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de interrumpir el término de 72 horas que tienen los juzgadores para resolver la situación jurídica de una persona imputada, bajo el argumento de la calidad de indígena de Roque exigía la asistencia de un traductor y/o intérprete de la lengua mixteca. 

Ante estas graves violaciones, el Grupo de Acción asumió la defensa íntegra del caso. Como parte de las acciones emprendidas se realizaron campañas de difusión masiva para posicionar el caso en la opinión pública, se organizaron protestas pacíficas para su liberación y se interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos.  

El 9 de junio de 2016, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, emitió la opinión número 17/2016 en que determinó que la detención de Roque Coca Gómez y de las otras 24 personas había sido ilegal y arbitraria, por lo que ordenó al Estado Mexicano liberarlos inmediatamente; sin embargo, el Poder Judicial Federal omitió dar cumplimiento a esta recomendación.

Asimismo, en la jurisdicción nacional se interpusieron una serie de recursos legales, entre ellos, un amparo resuelto el 4 de febrero de 2017 por los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el que ordenaron la inmediata libertad del señor Roque Coca Gómez, pues se habían violado de manera grave e irreparable sus derechos humanos. 

Sin embargo, el juez responsable omitió cumplir la sentencia y liberar a Roque. Ante esta negativa, el Tribunal que ordenó la libertad obligó al juez federal a cumplir la sentencia, por lo que, el 2 de mayo de 2017 Roque Coca Gómez fue liberado.

A pesar de lo anterior, el mismo Juez “reabrió el expediente” en el año 2018 y el día 24 de abril ordenó, sin motivo o fundamento legal, su reaprehensión por los mismos hechos por los que había sido liberado por el Tribunal Federal. 

Una vez que Roque fue detenido, nuevamente fue retenido injustificadamente a manos de sus captores, donde permaneció incomunicado y fue objeto de golpes y de tratos crueles, degradantes e inhumanos. 

Ante tales circunstancias, el Grupo de Acción impulsó una serie de acciones legales que permitieron que el 3 de mayo de 2018, el Juez Tercero de Distrito que había dictado su reaprehensión, dictara un auto de formal libertad a favor del indígena mixteco y reconociera que no existían elementos probatorios para considerar que Roque había cometido los delitos que le fueron imputados. Así, se determinó archivar definitivamente el proceso penal contra Roque.

Actualmente, el Grupo de Acción sigue emprendiendo acciones legales a efecto de que los servidores públicos que incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos de Roque sean investigados y sancionados de acuerdo a la ley. 

 

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