Digna Ochoa y Plácido fue una abogada y defensora de derechos humanos que se encontraba en un contexto de vulnerabilidad ya que fue víctima de hostigamientos, golpes, amenazas y un secuestro por la labor que realizaba en casos de violaciones graves a derechos humanos, tales como la masacre de Aguas Blancas y Acteal, así como el acompañamiento del caso de los campesinos ecologistas de Guerrero, en los que se vieron involucrados miembros del Ejército Mexicano. Esto, generó un ambiente de desprotección y criminalización de la labor realizada por Digna.

Digna se vio obligada a salir del país y permanecer un año en Washington para proteger su integridad; sin embargo, decidió volver a México en abril del 2001 y, casi cinco meses después de su regreso, el 28 de agosto del mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas provisionales que le había concedido para proteger su vida e integridad.

El 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue asesinada en su oficina. A partir de 2003 la Procuraduría comenzó a construir una versión del asesinato donde señalaba que Digna se había “suicidado”, a pesar de que los hechos implicaban que recibió 2 disparos y múltiples lesiones corporales, para justificar esta versión, presentó públicamente a la abogada como una persona con problemas mentales.  

Después de 17 años, el asesinato de la defensora sigue impune, desde el inicio a la fecha la Procuraduría nunca consideró que los hechos eran constitutivos de un delito. 

Debido a las irregularidades en la investigación del asesinato, su familia en conjunto con el Grupo de Acción presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Digna Ochoa, misma que fue admitida por la Comisión el 16 de julio de 2013 al considerar que los recursos de jurisdicción interna no fueron adecuados ni efectivos. Actualmente, su familia y defensa esperan que su caso sea turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haya un pronunciamiento de fondo respecto de la responsabilidad del Estado Mexicano.

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Digna Ochoa y Plácido